Ecoembes, un negocio poco eco

Monopoliza el reciclaje de envases y se beneficia de un modelo de gestión poco ecológico.

La gestión de los envases en España está copada por una empresa: Ecoembes. Tras una imagen corporativa basada en el amor a la naturaleza y sociedades colaborativas se encuentran las multinacionales distribuidoras más grandes del planeta: Unilever, Coca Cola o Procter & Gamble, todas ellas conocidas por las numerosas denuncias que acumulan por graves daños al medio ambiente. Más de 2.200 empresas se han unido en un negocio tan opaco como lucrativo.

SIG, Sistema Integrado de Gestión, es el modelo de gestión de Ecoembes. En este sistema, una gran empresa organiza a los distintos actores que interactúan: administraciones públicas, ciudadanía y empresas de reciclaje.

La Comunidad Valenciana, gobernada por Compromís, Podemos y PSOE, ha intentado recientemente implantar un modelo mixto, añadiendo, además del SIG, el SDDR, Sistema de Depósito, Devolución y Retorno. Con este sistema, las personas pagan un poco más al comprar los envases y tras su devolución reciben una pequeña cantidad de dinero por el retorno.

La iniciativa de la Generalitat ha despertado una gran polémica por la virulencia con la que se ha opuesto Ecoembes. Las razones de la Comunidad Valenciana son claras: existen muchos envases que se quedan tirados en el monte o las calles que no llegan al contenedor amarillo y que con el SDDR serían reciclados. “Un SDDR favorece la recogida diferenciada de envases, permitiendo mejores tasas de recuperación, y abre la puerta a envases retornables, que permitirían la reutilización, con un menor coste ambiental que el reciclaje”, apunta Alberto Vizcaíno López, autor del blog productordesostenibilidad.es.

"El modelo de negocio de Ecoembes es claro: cuantos más envases de usar y tirar se consuman, más ingresos obtiene".

El pastel valenciano

De los siete millones de envases consumidos diariamente en la Comunidad Valenciana, solamente dos acaban en la planta de reciclaje, previo paso por el ejército de contenedores amarillos distribuidos por toda su geografía. La repercusión ecológica (la mayoría de envases acaban en el fondo de los océanos) y económica (Ecoembes cobra por los siete millones de envases y no por los dos) de esta realidad ha provocado que la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente se haya lanzado a implantar el SDDR a partir de 2018.

Se cumpliría así con el mandato de las Cortes Valencianas, que en septiembre del pasado año votó pedir formalmente al Gobierno autonómico el impulso definitivo del modelo de retorno.

Enfrente, Ecoembes, la pléyade de marcas a sus espaldas y el poder mediático que arrastran. Pero en los cálculos y datos que ofrecen, algo falla. Las cifras que proporciona Ecoembes para la Comunidad Valenciana elevan el porcentaje de envases reciclados al 75%, frente al 25% que baraja la Administración valenciana.

Los datos de Ecoembes son dudosos, sobre todo si se tiene en cuenta que esta empresa, tras la primeras reuniones con los responsables de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente de la Generalitat, prometió esfuerzos para poder doblar las cifras actuales. Las negociaciones para implantar el sistema a partir de 2018 entre todas las partes implicadas continúan.

Mientras tanto, el PP valenciano propone reforzar el actual sistema, el de Ecoembes, y Ciudadanos alega falta de información para emitir un veredicto sobre un sistema, el SDDR, que, aunque en distinto momento de desarrollo, se está pensando implantar en Baleares, Cataluña o Navarra

El modelo de negocio de Ecoembes es claro: cuantos más envases de usar y tirar se consuman, más ingresos obtiene. “Si se implantase un SDDR que sacase del sistema integrado los envases con más interés para el reciclaje, los resultados de Ecoembes se verían seriamente afectados, tanto en lo económico como en porcentaje de material recuperado —explica Vizcaíno—. Un modelo SIG como el que tenemos actualmente, basado en un contenedor amarillo de envases ligeros, obliga a mezclar muchos tipos de residuos y materiales diferentes, dificultando su posterior recuperación”.

En el resto del Estado, el problema con las cifras de reciclaje se mantiene, no salen las cuentas: “Asturias un 13%, Madrid un 47%… Quizá alguna otra comunidad autónoma lo esté haciendo francamente bien y consiga elevar la media, pero ¿cómo llegaríamos hasta el 75%? A estas alturas ya sabemos que las estadísticas oficiales sobre residuos no coinciden con las de la industria del envase de usar y tirar”, señala Vizcaíno.

Basta con cruzar las cifras anuales que presentan las empresas de envases fabricados y puestos en el mercado en el Estado: Coca Cola, 9.000 millones; la Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas, 4.900… De los 17.000 millones de envases de los que presume la industria a la hora de hablar de volumen de negocio a los 7.000 millones de los que dice responsabilizarse.

Un negocio redondo

Las dos flechas enroscadas que identificamos como símbolo del reciclaje es lo que se denomina el punto verde, e indica que la empresa que produce el envase ha pagado una tasa para su gestión posterior. Esa tasa se cobra a los consumidores al comprar el producto. “Pagamos dos veces. Cuando compramos un envase pagamos el punto verde, y luego pagamos la tasa de basuras municipal”, dice Alodia Pérez, responsable de Recursos Naturales y Residuos en Amigos de la Tierra.

"Ecoembes reparte muchos millones de euros entre los ayuntamientos cada año, en torno a unos 500, y eso le otorga mucho poder".

Sin embargo, el contenedor amarillo no lo gestiona Ecoembes, sino los ayuntamientos. Las tornas se cambian y es la empresa privada la que paga a una Administración Pública por la gestión de un servicio a la ciudadanía. “Ecoembes reparte muchos millones de euros entre los ayuntamientos cada año, en torno a unos 500, y eso le otorga mucho poder”, dice Roset.

“Lo más perverso es ver cómo Ecoembes dice que se recicla el 70% y cómo el Ministerio acepta esas cifras, al menos públicamente. Nadie está poniendo en su sitio a esta empresa. Además, amenaza con que si ponen en marcha el sistema de retorno van a ir a la bancarrota y no van a poder dar el dinero que dan a los ayuntamientos”, añade Roset.

Una vez se han recogido los contenedores amarillos, el Ayuntamiento los lleva a las plantas de gestión de residuos, generalmente públicas. Allí los residuos se separan y una vez retirados los materiales del contenedor amarillo que no deberían estar ahí, los impropios, Ecoembes paga a los ayuntamientos según el peso de lo recogido. “Ecoembes debería pagar en función del número de envases que pone en el mercado, no en función de lo que se recoge en el contenedor amarillo. Si no están bien separados, los envases pueden acabar en vertedero o en incineradora”, admite Pérez.

A las plantas de gestión de residuos se dirigen los fabricantes y allí compran los envases a Ecoembes para volver a utilizarlos. “La asociación de empresarios de PET, el material que se usa para embotellar el agua, que sí compran restos, dice que les llegan muchos impropios, pero Ecoembes es la única fuente que tienen para comprar envases de segunda mano”, añade. Ecoembes, por tanto, cobra dos veces: a la ciudadanía por el punto verde y a los fabricantes por el material separado.

Existen estudios que demuestran que el SDDR es mucho más eficaz que el SIG, sin embargo, en España ha sido imposible implantarlo hasta ahora.

"El lobby que realiza Ecoembes para mantener su imperio y defender su sistema de gestión es inmenso".

El lobby que realiza Ecoembes para mantener su imperio y defender su sistema de gestión es inmenso. Ecoembes financia cátedras universitarias, periódicos, radios, organizaciones y campañas de publicidad. Patrocina la sección de medio ambiente de los periódicos de gran tirada, como El País, Público, El Mundo o eldiario.es, también la Cadena SER.

“Hablando con periodistas me han comentado que pueden hablar de cualquier cosa menos del sistema de depósito si el patrocinio lo realiza Ecoembes”, comentan en Amigos de la Tierra. “La única cátedra que se dedica al estudio de los residuos en la Universidad Politécnica de Madrid es la Cátedra Ecoembes. Recientemente ha sacado estudios con las universidades de Alcalá de Henares y Valencia sobre lo perjudicial que era el sistema de depósito, con muy poco rigor. Para calcular los costes del sistema, por ejemplo, han utilizado el precio del metro cuadrado de la calle Serrano de Madrid, que evidentemente no es significativo ni similar al metro cuadrado de los comercios al uso”, denuncia Pérez.

Una S.A. “sin ánimo de lucro”

Si hay algo que llama la atención de esta empresa es su forma jurídica. Ecoembes es una “sociedad anónima sin ánimo de lucro”. Este apellido, sumado a su monopolio del reciclaje, facilita mostrar una imagen de ONG medioambiental. Pero esa imagen se resiente cuando comprobamos quién está detrás del accionariado de esta S.A. Son más de 12.000 empresas las que están adheridas al sistema de Ecoembes, pero solo unas 60 conforman su accionariado.

El 60% del accionariado está controlado por el “grupo de envasadores”, en el que se encuentran la mayoría de las grandes compañías de alimentación y bebidas, las principales productoras de envases. Gigantes como Campofrío, Bimbo, Danone, Nestlé, L’Oréal, Procter & Gamble o Henkel se unen en este curioso accionariado sin ánimo de lucro a PepsiCo y a Coca-Cola, representada mediante la Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes.

Otro 20% lo representa el “grupo de materias primas”, en el que se encuentran las mayores asociaciones de reciclaje de materias primas, como Cicloplast, la Asociación Ecológica para el reciclado de hojalata (Ecoacero), la Federación Española del Envase de Madera (Fedemco) y productores de envases específicos como la conocida Tetra Pak, responsable de los ampliamente utilizados tetra briks, muy criticados por su difícil tratamiento para el reciclaje.

La quinta parte restante del accionariado está en manos de otro de los principales actores en la cadena de los residuos, las grandes cadenas de supermercados: Carrefour, Alcampo, Día, El Corte Inglés o la valenciana Mercadona.

La presencia de estas empresas se hace más clara al ver la composición de su junta directiva. Aunque la cara visible es la de su consejero delegado, Óscar Martín, el presidente es Ignacio González Hernández, consejero delegado de Nueva Pescanova S.L., empresa resultante de la quebrada Pescanova S.A. El secretario, Ignacio Larracoechea, es presidente de Promarca, un lobby que engloba a la mayor parte de los fabricantes líderes de sectores como la alimentación, la bebida o la perfumería, y que tiene como principal misión la de ensalzar la imagen de las marcas de los fabricantes que la conforman frente a las marcas blancas. Además, entre los consejeros de Ecoembes podemos encontrar representación de Pepsi, L’Oréal, Danone o Carrefour.

También es llamativa la retribución del “personal de alta dirección”. El selecto club de 10 personas que dirige esta sociedad sin ánimo de lucro se embolsó 1.610.000 euros en 2015, un 9% más que el año anterior, con un sueldo medio de 13.416 euros por directivo al mes.

Texto: Yago Álvarez, Genoveva López y Carlos Saavedra

Fotografía: David Fernández

Fuente: saltamos.net