Pedro Morenés, Ministro de Defensa, fue consejero de la empresa de
fabricación de armamento Instalaza entre 2005 y 2007. Después ocupó el
puesto de representante hasta el 4 de octubre de 2011, según recoge el
Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Instalaza fabricaba bombas de
racimo.
El 31 de octubre de 2011, el diario Cinco Días reveló que Instalaza
había decidido recurrir a los tribunales para pedir que el Gobierno le
indemnizara con 40 millones de euros en concepto de desagravio por la
prohibición del uso, almacenamiento y fabricación de las bombas de
racimo en España como consecuencia de la firma del Tratado de Dublín.
Sin embargo, esta empresa ya había anunciado en mayo de 2011, cuando
Morenés era su representante, que pediría una compensación económica al
Ejecutivo en concepto de “daño emergente y lucro cesante”.
Hoy sabemos que Instalaza venderá la deuda a una tercera empresa que a
su vez la revenderá y finalmente el Ministro pagará diciendo que no es
su empresa la que cobra.
El dinero saldrá de los impuestos de todos,
naturalmente. Nuestro dinero pagando bombas que mutilan a niños.
Porque
las submuniciones esparcidas por las bombas fabricadas por Morenés
tienen un rango de fallo de entre el 5% y 30%, por lo que pueden quedar
bombas enterradas sin explotar siendo peligrosas tiempo después de
terminada la guerra. Especialmente para los niños por sus formas
llamativas, como pelotitas de tenis o latas de refrescos. Porque es así
como las camufla la empresa del Ministro.
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