La existencia en nuestro país (España) de un sistema sanitario público con cobertura universal y financiado por los presupuestos generales del Estado, es un logro social relativamente reciente puesto en duda
cada vez con mayor intensidad. Desde su creación, el sistema sanitario
público ha tenido graves fallos de gestión y no ha llegado a disponer de
toda la financiación deseable. Pero eso no justifica una vuelta al
pasado, con la restauración del sistema de beneficencia.
Hasta hace unos meses apenas sólo los especialistas sabían lo que era una agencia de calificación crediticia.
Hoy aunque a ciencia cierta casi nadie más lo conoce, lo cierto es que
este tipo de compañías privadas han ido haciendo y deshaciendo en lo que
a Economía.
Standard & Poor’s (S&P) considera que el incremento del gasto público relacionado con el mantenimiento de las coberturas sanitarias amenaza la solvencia de los países del G20, principalmente la de las economías desarrolladas de Europa, EE.UU. y Japón,
que podrían ver cuestionados sus calificaciones a mediados de la
presente década si no toman medidas adicionales para encauzar la
situación, léase privatizar buena parte de los sistemas sanitarios, quizá a lo más dejando pública una sola, minúscula parte, destinada, como suele ocurrir en Estados Unidos a la beneficencia.
De modo que uno de los peligros para la atención sanitaria pública y
universal son los fondos de inversión y la propia inversión privada, al
menos aquella que sólo ve en la salud de las personas datos concretos económicos con los que multiplicar sus beneficios.
Otro peligro para la sanidad pública está en sus proveedores, esa
parte de la industria farmacéutica y de material y tecnología sanitaria
que se rige por los mismos criterios. Desde hace semanas el principal
lobby de la patronal española de esta industria, Farmaindustria, presiona a las administraciones públicas y en los medios de comunicación con los datos de la por otra parte escandalosa deuda del Estado con muchas de estas compañías.
He escrito en otra ocasión que las deudas hay que pagarlas. Otra cosa
es cómo se han creado; las deudas, como las necesidades, se crean por ejemplo con el marketing del miedo.
- Ideas para ahorrar y que el sistema siga vigente, que es lo que le interesa a los ciudadanos:
-Corren tiempos de crisis, para todos, sobre todo para los más
débiles y entre ellos no está precisamente buena parte del sector
farmacéutico. Con el gasto sanitario en el punto de mira, la Junta de Andalucía ha sacado a concurso público el suministro de algunos medicamentos de mayor consumo. Busca abaratar los costes.
-Pero para saber qué medicamentos merece la pena financiar habría que realizar estudios independientes como realiza de manera ejemplar la Oficina de Evaluación de Medicamentos de Extremadura,
un organismo dependiente en exclusiva de la administración pública de
dicha autonomía. Nos llevaríamos las manos a la cabeza del escaso número
de medicamentos verdaderamente eficaces, seguros y de justificado coste-beneficio
que necesitamos. Los demás no hay que financiarlos ¿puede conseguirse
mayor ahorro con una medida tan justa? Y lo que ahorraríamos en salud al
no tomar medicamentos peligroso e ineficaces además de caros.
-Terapias blandas. No olvidemos que los fármacos convencionales causan daños en la salud de las personas e incluso muertes (Avandia, Vioxx, Agreal, vacuna VPH, anticatarrales con fenilpropanolamina, Talidomida, Xigris, Paxil, Zyprexa, etc). Siguiendo los presupuestos de la Medicina integrativa debería, como hacen otros países como Suiza,
estudiarse la financiación de terapias naturales o no agresivas que
dispongan de evidencia científico/clínica. Ello reduciría costes y
ahorraría los retratamientos de personas afectadas por sus tratamientos,
la iatrogenia.
-La solución no pasa porque el ciudadano pague más, el denominado copago también considerado repago, ya pagamos bastante.
-Es necesario gravar a las compañías que hayan aumentado el gasto
farmacéutico de las administraciones públicas a través de una mal
entendida visita médica, basada esta en el tarugueo o presión sobre los
médicos para que receten. Es soborno o cohecho y ha de perseguirse a todo el que participe en ello pues esta es una de las principales causas del enorme gasto farmacéutico y no es justo que quien realiza estas prácticas luego exija el dinero producido por ellas o escatimado al herario público.
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